Ignorantia juris non excusat
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Esta es la responsabilidad que podría afrontar quien filtró el contrato de Messi

Esta es la responsabilidad que podría afrontar quien filtró el contrato de Messi

Revelación de secretos > El Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel a quien difunde acuerdos privados. Quien sí podría afrontar consecuencias penales es la persona que se apropió del contrato para después filtrarlo a la prensa. “En este caso podríamos estar ante un delito de revelación d
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El TS devuelve el paro a una mujer que se quedó sin subsidio por no comunicar la venta de una Thermomix

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha restablecido el derecho al cobro del subsidio de desempleo a una mujer que fue sancionada con la extinción de esta prestación por no comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que había percibido 206,76 euros por la venta de un robot de cocina
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Derecho al honor: El honor perdido de una ITV

Derecho al honor: El honor perdido de una ITV

El trabajador de una ITV pide 4.000€ por aparecer en un vídeo que suscitó miles de burlas.
El fiscal rechaza la demanda porque una ITV es un lugar público donde se pueden grabar imágenes.
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“Si voy a la fiscalía y le digo que he oído rumores de que Juan Carlos I ha robado, ni lo miran”

“Si voy a la fiscalía y le digo que he oído rumores de que Juan Carlos I ha robado, ni lo miran”

Profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías no tiene pelos en la lengua para hablar del funcionamiento de la Justicia. Sobre todo, del mal funcionamiento.
383 709 51 K 85
383 709 51 K 85
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Nueva sanción de la AEPD por difusión de documentos judiciales no anonimizados (la publicación en internet del sumario d

Nueva sanción de la AEPD por difusión de documentos judiciales no anonimizados (la publicación en internet del sumario d

La reciente imposición por parte de la AEPD de una sanción de 100.000 €, por la difusión a través de Internet del contenido de un sumario judicial, vuelve a poner de actualidad el hecho de que las sentencias y otros documentos judiciales no son “fuentes accesibles al público”.

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