El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha demandado explicaciones públicas "de las razones por las que el Estado tolera pasivamente, sin recurrir, una sentencia que reconoce la condición posesoria de buena fe de los Franco, desde el propio dictador hasta los actuales herederos y debe compensarlos por los gastos necesarios (de mantenimiento) y útiles (de mejora), desde 1975".